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junio 05, 2019

 Desde hace un tiempo que en nuestro país se encuentra sobre la mesa el conflicto relacionado a los niveles de contaminación existentes en la zona de Quintero- Puchuncaví-Ventanas, lugares que desde hace décadas ya no son conocidos por sus hermosas playas sino que simplemente por la gran actividad industrial que se presenta en la zona.

 La polémica y el descontento tomaron voz luego de que, el pasado año, se dieran a conocer alrededor de 1000 casos de intoxicación en la población causados por gases contaminantes encontrados en el ambiente.

Esta situación nos invita, nuevamente, a cuestionarnos acerca de cómo es posible que como sociedad hayamos tolerado por tantos años este daño que se le hizo a la naturaleza, a nuestras playas, a nuestras comunidades, en cómo es posible que sigamos haciéndonos los ciegos frente al deterioro del ambiente priorizando a nivel país el desarrollo económico sin preguntarnos ¿a costa de qué?

La semana pasada se vivió, sin embargo, un avance respecto a esta temática y es que la corte suprema aprobó 9 de los 12 recursos de protección interpuestos por diferentes agentes. Para muchos, esta resolución la cual cuenta con 15 medidas, representa un símbolo de que al fin se reconoce la responsabilidad del Estado frente al inhumano manejo de la situación en esta zona costera, desde donde ya hace años, se ha sacrificado sin ninguna preocupación ni compensación, a todos los lugareños.

 ¿Es realmente un avance y un supremazo,como han planteado algunos, esta resolución?La verdad es que es positivo el hecho de que la corte suprema haya llamado, entre otras cosas, a modificar el plan regulador de Valparaíso en virtud de la salud de las personas o que se haya considerado la relevancia de la transparencia a la hora de este tipo de crisis ambientales, en donde las empresas deberán ser honestos y publicar de forma clara y con libre acceso, datos sobre las emisiones y situación de la zona, con el fin de evitar y prevenir posibles crisis e intoxicaciones.

Pero consideramos que esta medida era, por lo menos, lo mínimo esperable. Luego de años de inconsciencia y de que el gobierno haya ignorado la situación de miles de personas, dándole relevancia sólo al avance económico e industrial, esta medida entrega esperanzaal saber que desde ahora, las autoridades tendrán presentes que la sociedad ya no se va a callar frente a estas situaciones de injusticia y de vulneración de derechos y calidad de vida de las personas.


Esperamos que este sea solo un paso más en materia de cambios en que Chile se enfrenta a la contaminación y que como país y sociedad, nos dirijamos hacia un desarrollo más sostenible, en donde las decisiones en materia de industria y economía, comiencen a considerar el factor ambiental y el factor comunidades,y se pueda construir un país donde las futuras generaciones no deban pasar por los mismos errores del pasado, teniendo certeza de que el gobierno velará por su bienestar.

 

Noticia por: Isidora Espinosa


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